Con la sentencia del Caso ERE, lo que se ha condenado no es solo el comportamiento de los principales dirigentes del PSOE de la Junta de Andalucía, o la comisión de delitos financieros concretos por parte de estos altos cargos. En mi opinión, la sentencia de la Audiencia de Sevilla va más allá: condena un modo de hacer las cosas en política y fulmina a un régimen político que ha pervertido la democracia en Andalucía y ha dopado los resultados electorales en nuestra comunidad durante décadas, propiciando una red clientelar de votos para el Partido Socialista.
Es una de las explicaciones que tiene que una región con constantes índices bajos en cuanto a los indicadores que marcan la calidad de vida en los países democráticos siguiera votando una y otra vez al partido que se mostraba incapaz de poner a Andalucía en el lugar que merece. No obstante, como almeriense y como andaluz, creo que estamos ante una situación muy triste.
Es una situación penosa que traslada una pésima imagen de Andalucía y que nos abochorna a todos los que pensamos que las instituciones deben ser escrupulosamente hornadas y limpias y trabajar en beneficio de la sociedad sin cometer delitos.
Al margen de la descomunal cantidad de dinero robado y su altamente improbable reintegro a la sociedad, me gustaría centrarme en un aspecto que quizás no está siendo demasiado tratado estos días: el coste de las oportunidades perdidas. Más difícil aún que recuperar el dinero desviado parece la posibilidad de que las provincias andaluzas recuperen las oportunidades de crecimiento y desarrollo perdidas por culpa de quienes, en lugar de poner ese dinero público al servicio de todos, lo usaron para garantizarse una falsa paz social y estipendiando a la sociedad andaluza con subsidios y ayudas en lugar de poner en sus manos herramientas para el desarrollo y la prosperidad.
Ese es a mi juicio el principal daño del escandaloso modus operandi del PSOE en Andalucía durante las últimas décadas. Una Junta del PSOE, convertida durante cuarenta años en un factor limitante del crecimiento en Andalucía, permitiendo y consintiendo el robo de cientos de millones, mientras obras y proyectos en todas las provincias, especialmente en Almería, se quedaban paralizadas y olvidadas.
Es indignante pensar que la misma Junta socialista que no fue capaz de terminar de pagar obras en Almería como la rehabilitación del Ayuntamiento, el Materno Infantil o la Autovía del Almanzora, era la misma en la que se montaban ERES falsos y se corrían juergas a cargo del contribuyente. No podemos consentir que ese tiempo de despropósitos y delitos vuelva jamás a Andalucía.