Desde el primer momento de la crisis sanitaria y social causada por el coronavirus, el Ayuntamiento de Almería reorientó sus planes económicos y la actuación de todas las áreas municipales para poner toda su capacidad al servicio directo de los que más iban a sufrir las consecuencias de la pandemia en nuestra ciudad. Ayudar a los que más lo necesitan no puede ser bandera exclusiva de nadie, ni tampoco tiene derechos de propiedad intelectual, porque en política se está para servir o sólo se sirve para estar. En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital que acaba de aprobar el Gobierno es una medida razonable que se explica precisamente en lo que he dicho antes: en el deber de estar junto a los que más lo necesitan. Ahora bien, y sin entrar en otro tipo de apreciaciones acerca de sus efectos a largo plazo o en la colisión con medidas similares ya existentes, hay aspectos de esta iniciativa que permiten hablar de una cierta precipitación y falta de concreción administrativa. De hecho, ha habido más interés por publicitar esta medida que por articular con detalle su aplicación. De entrada, porque el Gobierno ha descargado directamente en los ayuntamientos la gestión de esta prestación, en un momento especialmente delicado para los ayuntamientos, que han debido reajustar servicios y plantillas para dar más agilidad al cumplimiento de programas de ayuda específicos tras la pandemia. Pero el Gobierno de PSOE y Podemos pretende que los ayuntamientos afrontemos su compromiso político con nuestros propios medios. Pues bien, el Ayuntamiento de Almería, a través de un informe del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, ha cifrado en 1,2 millones de euros anuales el coste que para las arcas municipales supondrá la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Una gestión que conllevaría, además, la contratación de 15 trabajadores municipales más para evitar el colapso de los cuatro Centros de Servicios Sociales Comunitarios que tramitarán este nuevo recurso social. En este sentido, creo que es inexcusable que el Gobierno Central nos dote de medios y dotación económica para asumir esta gestión y evitar poner en peligro la continuidad de otros proyectos sociales ya consolidados. Creemos que los gastos derivados de la aplicación de esta nueva prestación deben ser financiados con aportaciones adicionales a las entidades locales, tal como llevaremos a Pleno a través de una moción, para que el Ayuntamiento pueda gestionar el IMV con garantías y sin poner en riesgo otros recursos municipales. Los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Almería, a los que desde aquí quiero agradecer su profesionalidad y compromiso durante estos meses de pandemia, están ya al límite, porque están atendiendo una media de 400 llamadas diarias y han tramitado un total de 730 ‘expedientes COVID’ que han permitido un desahogo a las familias en riesgo de exclusión con un coste de más de 380.000 euros. Una gestión de emergencia que ha venido a completar una serie de intervenciones urgentes dirigidas a ayudar a quienes peor lo están pasando y que han supuesto para este ayuntamiento una inversión global en materia social de más de un millón de euros en menos de tres meses. Para que la ayuda sea efectiva, tiene que estar bien gestionada. Y sin más recursos, los ayuntamientos no podremos llegar tan lejos como la situación requiere.
